¿Qué cubre un seguro de defensa jurídica?

Son muchos los que conocen la defensa jurídica como una cobertura más de otros seguros, como el de automóvil o el del hogar. Sin embargo, y aunque habitualmente sea un apéndice de otros seguros, lo cierto es que existe un tipo de seguro mucho más amplio que protege al asegurado ante cualquier situación en la que se requiera el asesoramiento y la defensa jurídica: el seguro de defensa jurídica. En este post detallaremos qué es el seguro de defensa jurídica y cuáles son las coberturas básicas que incluye.

¿Qué es y para qué sirve un seguro de defensa jurídica?

El seguro de defensa jurídica es un tipo de seguro que cubre los gastos derivados de la protección jurídica del asegurado. Así, este seguro cubre los gastos derivados de la participación del asegurado en cualquier procedimiento judicial, incluyendo no solo el asesoramiento jurídico, sino también la reclamación en su nombre y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Además, también quedan cubiertas por este seguro las reclamaciones que pueda sufrir el asegurado para garantizar la defensa de su responsabilidad civil.

Aunque hay algunos seguros como el de hogar o el automóvil que suelen incluir la defensa jurídica como una de sus garantías, lo cierto es que lo mejor es contratar un seguro específico de defensa jurídica, ya que la defensa jurídica que como cobertura adicional incluyen otros seguros es mucho más limitada.

¿Cuáles son las coberturas básicas de un seguro de defensa jurídica?

Ya hemos adelantado algunas de las coberturas del seguro de defensa jurídica. En cualquier caso, de forma general, el seguro de defensa jurídica cubre los gastos —siempre que estén incluidos en su póliza de seguro— ocasionados por el asegurado con motivo de su participación en un procedimiento judicial. Aunque las condiciones serán diferentes dependiendo de la compañía aseguradora de que se trate y de la póliza contratada, lo cierto es que las coberturas básicas que suele incluir cualquier seguro de defensa jurídica son las siguientes:

• Defensa jurídica en los órdenes civil y laboral del asegurado, siempre y cuando no haya actuado de mala fe.
• Redacción y revisión de textos legales como contratos de compraventa, entre muchos otros.
• Reclamaciones en materia de consumo por cualquier problema derivado de contratos de suministros —por ejemplo, la factura del agua o la luz— o por la compraventa de cualquier bien.
• Asesoramiento jurídico por teléfono en aquellos problemas relacionados con el alquiler, con las obras o con la compraventa de la vivienda, además de para despejar cualquier duda que pudiera surgir respecto de un procedimiento de divorcio, una herencia, etc.
• Elección del abogado y del procurador por el asegurado. No obstante, la facultad de elección solo podrá ejercitarla el asegurado cuando los profesionales en cuestión presten sus servicios en el lugar en que se lleve a cabo el procedimiento judicial.
• Cualquier gasto que se derive de los procedimientos judiciales en los que esté participando el asegurado.
• Asesoramiento jurídico en caso de que existan conflictos con el casero, con los inquilinos o con la comunidad de vecinos.

No obstante, y a pesar de que estas coberturas básicas estarán incluidas en casi cualquier seguro de defensa jurídica, es necesario tener muy en cuenta los límites en concreto de la póliza en cuestión, así como cualquier condición que pudiera existir.

Lo que está claro es que el seguro de defensa jurídica, en contra de lo que pudiera parecer, es una buena opción para aquellas personas que necesiten de un abogado que pueda asesorarlos en casi cualquier cuestión legal que les pudiera surgir.